El 5 de mayo, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la extensión por un año del blanqueo de fondos destinado a la construcción de viviendas, a partir de una ley sancionada en febrero de 2021 pero que casi no llegó a implementarse por las demoras de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) al reglamentarla.
La nueva versión incorporó un capítulo para sumar como empleados de los proyectos a beneficiarios de planes sociales. El Gobierno nacional aspira a que si el organismo recaudador no retrasa los trámites podrían ingresar 4.000 millones de dólares.
La iniciativa responde a un pedido de la Cámara de la Construcción (Camarco), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y las entidades que agrupan a los desarrollistas.
El dinero no debe tener origen en paraísos fiscales o ser parte de denuncias penales y se utilizará para proyectos inmobiliarios o "aquellas obras privadas nuevas que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley" como "construcciones, ampliaciones, instalaciones", aunque el texto de la normativa también señala que se trata de "incentivos a la construcción de vivienda".
Para usar el dinero, la ley establece que debe depositarse en una cuenta especial de depósito y cancelación para la construcción argentina (CECON.Ar), donde se controlará su trazabilidad.
A la prórroga de un año del blanqueo se agregarán artículos para sumar a los planes de empleo a beneficiarios de planes sociales. Se les permitirá seguir percibiendo la prestación social, pero se faculta al Ministerio de Trabajo a fijar pautas de compatibilidad.
Fuente: Clasificados La Voz